Mudarse a otro país implica empezar de cero. En septiembre de 2022 nos instalamos en Porto con la ilusión —y el vértigo— que acompaña cualquier nueva etapa. Compramos una vivienda y, como tantas personas que llegan a Portugal, necesitábamos hacer pequeñas reformas.
Lo que debía ser una obra sencilla en el baño terminó convirtiéndose en una experiencia que puso a prueba nuestra paciencia, nuestras finanzas y, finalmente, nuestra confianza en el sistema.
De una recomendación a una pesadilla
Contratamos a Paulo Correia por recomendación. El presupuesto inicial parecía razonable y la obra, en teoría, no presentaba complejidad. Sin embargo, en pocas semanas comenzaron los cambios constantes en el coste, la aparición de supuestos problemas estructurales que encarecían el trabajo y una ejecución cada vez más cuestionable.
Las tensiones fueron aumentando. Las explicaciones no cuadraban. Las exigencias económicas tampoco. La situación escaló hasta el punto de que tuvimos que llamar a la policía para que abandonara nuestra vivienda. Aquella escena —con amenazas, nervios y la intervención policial para evitar que el conflicto fuera a más— fue el cierre abrupto de esa relación profesional.
Pero lo más difícil aún estaba por comenzar.
Denunciar en Portugal: el camino institucional que no lleva a ningún lugar
Tras lo ocurrido, decidimos actuar por la vía legal. Presentamos denuncias ante la Autoridade Tributária y ante el IMPIC, el Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, organismo encargado de supervisar y fiscalizar el sector de la construcción en Portugal.
La queja ante el IMPIC quedó formalmente registrada en octubre de 2022. Aportamos documentación, pruebas y todos los elementos necesarios para que se investigara la actuación de aquel hombre que trabajaba como albañil ilegalmente.
En paralelo, la Agencia Tributaria nos interrogó y recibió toda la información disponible. Entre la documentación localizada figuraba un dato sorprendente: constaba que el profesional no declaraba ingresos desde 1997. Sin embargo, el procedimiento fue archivado con el argumento de que la cuantía económica implicada no justificaba una actuación más profunda.
La Agencia Tributaria se negaba a investigar todo lo que este señor había ingresado desde 1997 y daban la excusa de que el importe que yo le había pagado (casi 4000 euros) era poco dinero.
Esto es algo impensable en ningún otro país del mundo.
Tres años después: la respuesta del IMPIC
En febrero de 2026, llegó la notificación. El proceso quedaba archivado por prescripción. El organismo explicaba que habían transcurrido más de tres años desde la ejecución de los trabajos y que, por ese motivo, ya no podía actuar.
Es difícil describir la mezcla de incredulidad y frustración que produce leer una resolución así cuando la denuncia fue presentada dentro del plazo legal.
No se trató de falta de pruebas.
No se trató de inexistencia de indicios.
No se trató de incompetencia material.
Cuando el sistema falla en su función esencial
La prescripción es una institución jurídica legítima. Existe para garantizar seguridad y evitar procedimientos indefinidos. Pero aquí la cuestión es distinta.
El ciudadano actuó dentro del plazo. Denunció en octubre de 2022. Cumplió con los requisitos formales. Aportó pruebas.
La administración, en cambio, tardó más de tres años en resolver. Y el resultado final es que la inactividad administrativa neutralizó la posibilidad de sanción.
En términos prácticos, el paso del tiempo —gestionado por la propia administración— terminó funcionando como un escudo protector para quien había sido denunciado.
El mensaje implícito es profundamente problemático: si el procedimiento se dilata lo suficiente, la consecuencia desaparece.
Una cuestión que va más allá de un caso individual
No se trata solo de nuestra experiencia. Se trata de cómo funciona el sistema cuando un consumidor denuncia irregularidades en el sector de la construcción en Portugal o en cualquier otro ámbito.
Portugal debería ser un país de la Unión Europea con un marco jurídico sólido. Sus instituciones, en teoría, garantizan legalidad, control y protección del consumidor. Sin embargo, cuando un procedimiento termina archivado por prescripción tras años de inactividad administrativa, nos damos cuenta de que la realidad es otra.
¿Qué incentivo real existe para cumplir la normativa si la probabilidad de una consecuencia efectiva es nula?
Como residentes extranjeros que hemos decidido establecer nuestra vida en Portugal, esta experiencia deja una reflexión incómoda.
Porque cuando la Agencia Tributaria archiva por “importe reducido” y el organismo regulador archiva por prescripción después de inactividad administrativa, la sensación no es de protección, es de abandono.
La confianza institucional y la actuación del IMPIC
La confianza en las instituciones es un bien intangible, pero fundamental. Y precisamente por eso resulta tan grave lo ocurrido en este caso.
La actuación del IMPIC es, sencillamente, una vergüenza.
No puede ser que cuando el ciudadano —en este caso, la víctima de una actuación irregular en el sector de la construcción— haya cumplido escrupulosamente con la normativa, haya presentado la denuncia dentro de plazo, haya aportado todas las pruebas requeridas y haya colaborado cada vez que se le solicitó información, el resultado final sea un archivo por prescripción derivado de la propia inactividad administrativa.
Cuando el IMPIC tarda más de tres años en tramitar un expediente y finalmente lo cierra por prescripción, estamos ante un fallo institucional que traslada al denunciante las consecuencias de la ineficiencia administrativa.
Y eso supone una forma de revictimización. Porque no solo se sufre el perjuicio inicial derivado de la actuación irregular del estafador. Se sufre, además, la sensación de abandono por parte del organismo público encargado de supervisar el sector.
Es una situación difícil de comprender en un país miembro de la Unión Europea, donde la tutela efectiva de los derechos y la buena administración deberían ser principios operativos, no meramente declarativos.
La realidad es que denunciar no sirve de nada.
No es que las instituciones promuevan deliberadamente la ilegalidad, pero su falta de actuación eficaz termina generando exactamente ese efecto. Por acción u omisión, parecen facilitar que quienes actúan al margen de la ley continúen haciéndolo con tranquilidad, mientras el ciudadano queda desprotegido y completamente abandonado.
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