Hola a todos,
Hoy les sigo contando cómo hemos seguido reclamando al Concello de Cenlle para mejorar las condiciones en las que se encuentra la aldea en la que tenemos nuestra casa.
Aquí tienen el inicio de esta historia:
El último episodio fue casi cómico, si no fuera peligroso: un banco público mal colocado, inestable, apoyado sobre piedras en vez de estar bien anclado al suelo. Al sentarse, el banco se mueve y se inclina. Imagínense lo que puede suponer eso para una persona mayor. Lo denunciamos con fotos y una reclamación formal a la Diputación de Ourense, pidiendo no solo que se arregle ese banco, sino que se revise todo el mobiliario urbano de la aldea.
Las alcantarillas cubiertas por asfalto. No se pueden ni ver ni abrir. Eso significa que, si hay un atasco, una fuga o cualquier problema en el sistema de saneamiento, no se puede acceder a repararlo.
Se trata de seguridad, salud pública, derechos básicos. Se trata de que los pequeños pueblos también merecen atención. Y se trata, sobre todo, de no normalizar lo que no está bien.
A inicio de septiembre nos respondieron respecto a la reclamación sobre el asfaltado diciendo que ya estaba previsto arreglar las calles antes de que acabara el año. Aun así, a finales de diciembre todavía no había empezado la obra.
A mediados de octubre presenté una nueva reclamación ante el Concello de Cenlle, esta vez ampliando la que ya había hecho en mayo por el vertido de aguas pluviales sobre mi propiedad. En aquel momento había denunciado que una vivienda colindante, justo detrás de mi casa, carece de canaleta en el tejado, lo que provoca que toda el agua de lluvia caiga directamente sobre mi terraza, con las consecuencias que eso conlleva: humedades, suciedad y riesgo de deterioro estructural.
Sin embargo, he podido comprobar algo aún más grave. Una segunda vivienda, situada también junto a la mía, sí tiene canaleta, pero la descarga ilegalmente sobre el tejado de la primera —la que no tiene canaleta—. Esto significa que el agua de lluvia de dos tejados distintos acaba cayendo directamente sobre mi terraza.
Ante esta situación, que ya lleva meses sin respuesta por parte del Concello, he vuelto a dirigirme a la Diputación Provincial de Ourense para pedir que intervenga activamente como intermediaria.
Hay una pequeña plaza donde convergen varias viviendas, un espacio que debería ser público y compartido, pero que en la práctica se ha convertido en una especie de patio privado. Allí se pueden ver tendederos, barbacoas, montones de leña, materiales de obra, mezcladoras de cemento y un sinfín de objetos personales colocados como si aquello fuese una extensión de las casas. Una situación surrealista.
Lo más grave es que todo ese desorden llega a ocupar incluso el frente de una de nuestras propiedades, bloqueando visual y físicamente un acceso que debería estar libre.
Solicitamos que alguien interviniera para recuperar ese espacio público y permitir que cumpla la función que le corresponde; de lo contrario, estamos legitimando un caos que impide el uso común.
Llegados a noviembre 2025, estábamos acumulando reclamaciones presentadas ante el Concello y casi ninguna había recibido respuesta dentro de los plazos legales. De acuerdo con la ley, cuando una administración no contesta en los tiempos establecidos en estos casos, se entiende denegado por silencio administrativo.
Así que, teniendo en cuenta que prácticamente todas nuestras solicitudes estaban siendo ignoradas, comenzamos a elevarlas a la Xunta de Galicia.
Desde la Xunta de Galicia comenzaron a responder afirmando que no tenían autoridad legal ni autonomía alguna para obligar al Concello de Cenlle a hacer su trabajo, deslindándose por completo de responsabilidad.
Descubrí que el siguiente paso procedente era presentar un recurso de reposición ante el propio Concello de Cenlle por cada una de las reclamaciones previas.
En paralelo, también correspondía dirigir nuestras reclamaciones al Valedor do Pobo.
Para nuestra sorpresa, la respuesta del Valedor do Pobo llegó casi de inmediato. En su comunicación informaban que trasladaban el caso al Concello de Cenlle, otorgándoles un plazo de 15 días para contestar. Además, advertían que, en caso de no gestionarse adecuadamente la situación, el Valedor do Pobo procedería a adoptar las medidas pertinentes dentro de sus competencias.
Esta rápida reacción contrastó notablemente con la inacción previa de otros organismos y marcó un punto de inflexión en el proceso.
¿Qué es el Valedor do Pobo y qué funciones tiene?
Es la institución del Defensor del Pueblo en Galicia, un órgano independiente creado para proteger los derechos fundamentales y libertades públicas frente a posibles vulneraciones cometidas por la Administración autonómica, provincial o municipal.
Lo que no puede hacer es sancionar directamente, ya que no es un órgano judicial. Pero su intervención obliga a actuar y suele generar resultados donde antes había silencio o inacción.
Así terminó 2025: sin una sola solución efectiva por parte del Concello de Cenlle. Desde abril hasta diciembre de 2025, ninguna de nuestras reclamaciones obtuvo respuesta útil ni se tradujo en mejoras reales para la aldea en la que habíamos comprado nuestra casa. No se corrigieron situaciones de riesgo, no se actuó sobre problemas de salubridad y no se produjo ninguna mejora visible en el entorno.
Una de las pocas respuestas que recibimos fue en relación con el asfaltado de las calles, cuyo estado era claramente deficiente. Desde el Concello nos aseguraron que las obras se realizarían antes de que terminara el año. Sin embargo, 2025 acabó y no se hizo nada. El proyecto quedó a medias, pese a que, según se nos indicó, debía ejecutarse dentro de ese plazo para no perder una subvención.
Cabe señalar también que, a finales de año, el Concello de Cenlle se vio envuelto en un caso público de presunta corrupción y gestión irregular de fondos, que fue denunciado por la oposición ante los tribunales. Un contexto que, sin entrar en valoraciones judiciales, ayuda a entender el clima de mala gestión y falta de control que llevamos meses denunciando.
Con este escenario se cerró el año. Las reclamaciones siguen abiertas, el problema persiste y las soluciones siguen sin llegar. Pero también queda claro que callar y normalizar lo que no está bien no es una opción.
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