Hola a todos,
En este tercer y último post sobre la injusticia en Portugal, quiero ir más allá de mis experiencias personales y centrarme en el sistema judicial y las instituciones públicas del país en general.
A lo largo de estos artículos, he compartido las múltiples veces que el sistema nos ha fallado, pero lo que viví no es un caso aislado. No solo el sistema judicial está corrompido, sino que el resto de las instituciones públicas que deberían velar por el orden y el bienestar de los ciudadanos están sumidas en la misma anarquía.
Lo peor de todo es que esta anarquía perpetúa la criminalidad y la impunidad, ya que las autoridades competentes no solo no actúan, sino que muchas veces son las que fomentan el desorden. En este post, quiero mostrar cómo esta incompetencia en las instituciones públicas es la raíz de un ciclo vicioso en el que la injusticia y la corrupción siguen reinando en Portugal.
Escribí un artículo al poco de mudarme a Portugal en el que plasmaba mi experiencia al enfrentarme a la realidad del país más allá de lo que nos venden en las noticias o en las publicaciones dirigidas a turistas y nómadas digitales. A menudo, Portugal es retratado como un destino idílico, lleno de sol, comida deliciosa y ciudades encantadoras, pero lo que no se muestra es la realidad subyacente que la mayoría experimenta al llegar.
A medida que fui descubriendo cada una de las ilegalidades de la casa que se me había vendido, hice la debida denuncia ante la Cámara Municipal, que es el organismo competente en todo lo relacionado con urbanismo, edificaciones y regulaciones de obras.
Después de haber vivido en otros países de Europa, donde las instituciones actúan con rigor, lo mínimo que me esperaba era que la Cámara Municipal tomara cartas en el asunto, multara o, al menos, penalizara de alguna forma a las personas que me habían vendido una casa construida ilegalmente y sin los permisos necesarios.
Sin embargo, para mi sorpresa, la respuesta que recibí fue que no hacen absolutamente nada y que no tienen personal suficiente para perseguir las obras ilegales en la ciudad. A lo largo de los años que he vivido en Porto, he denunciado innumerables ilegalidades, no solo respecto a mi casa, sino también a otras propiedades, y la Câmara Municipal simplemente no ha hecho nada al respecto.
Otra de las instituciones públicas que deja mucho que desear es la Agência Tributária. A través de nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta de que no le prestan atención al fraude fiscal ni a las numerosas ilegalidades que comete la gente.
El no emitir facturas, el no pagar impuestos o el no abonar el IVA son comportamientos cotidianos, es la normalidad. La Agência Tributária parece estar más enfocada en ignorar estos delitos que en perseguirlos.
Pero lo más indignante es que, incluso cuando uno quiere hacer las cosas bien y paga sus impuestos correctamente, se enfrenta a una barrera aún mayor. Los funcionarios no tienen ni idea de cómo proceder, proporcionan información errónea y, cuando el contribuyente comete un error debido a esta desinformación, la culpa parece recaer siempre sobre el contribuyente.
La Agência Tributária funciona de tal manera que es más conveniente evadir impuestos o cometer fraude fiscal que intentar hacer las cosas de manera legal, porque, irónicamente, si decides actuar dentro de la legalidad, eres el que termina siendo multado.
A pesar de que nuestra experiencia con la gente en el día a día, desde los empleados de los negocios hasta el personal sanitario en los hospitales y nuestros vecinos en general, ha sido maravillosa, no todas las situaciones son igual de positivas.
En verano de 2024, una vecina nos vino a insultar mientras estábamos limpiando la acera, simplemente porque algunas hojas secas, arrastradas por el viento, caían frente a su portón. Decidimos proceder con una denuncia por el crimen de injurias.
Para nuestra sorpresa, nos encontramos con que para que esa denuncia pudiera avanzar, teníamos que estar acompañados de una abogada y pagar una tasa judicial altísima. Como podrán imaginar, esta situación representó una pérdida económica significativa solo para iniciar un proceso judicial tan simple, que probablemente terminaría siendo archivado.
Es más, estamos hablando de una persona cuyo hijo está preso por robo y cuya familia ocupa la casa ilegalmente. La historia aún no ha terminado, pero de momento el sistema judicial lo único que ha hecho es imponer obstáculos a las víctimas.
Como hemos podido apreciar a lo largo de los últimos tres artículos de este blog, el sistema judicial y las instituciones públicas de Portugal distan mucho de lo que uno esperaría de un país de primer mundo dentro de la Unión Europea.
Hemos sido testigos de cómo las instituciones no funcionan de manera adecuada, cómo el sistema judicial no tiene interés en hacer justicia y cómo, en lugar de investigar las ilegalidades y actos criminales, se limitan a archivar los casos. En muchas ocasiones, la falta de acción por parte de las autoridades no solo deja impunes los delitos, sino que incluso parece incitar a que se cometan más, debido a la total impunidad que existe.
En casi tres años viviendo en Portugal, he llegado a la conclusión de que reina la anarquía. Las instituciones públicas, lejos de cumplir con su deber de velar por el bienestar de la ciudadanía y de garantizar la aplicación de la ley, parecen formar parte de un sistema que, en lugar de corregir, perpetúa la criminalidad. Esto nos deja una amarga sensación de que, a pesar de nuestras denuncias, esfuerzos y sufrimientos, no hay manera de hacer justicia.